CRONÍCA

El 09 de septiembre de 2020, el territorio colombiano se vio sacudido por una serie de acontecimientos que dejaron una huella indeleble en la conciencia nacional. En Bogotá y Soacha, la policía nacional, institución encargada de velar por la seguridad y el orden público, se vio involucrada en una serie de episodios que culminaron con la muerte de jóvenes en circunstancias que han generado una profunda controversia en la sociedad. La nefasta jornada inicio en la localidad de Suba, donde tuvo lugar la detención de Javier Ordóñez, este evento, captado en videos que se propagaron rápidamente a través de las redes sociales, reveló la desmedida y desproporcionada fuerza, ejercida por los victimarios donde emplearon descargas eléctricas a través de una pistola taser contra Ordóñez, quien, en un acto desgarrador, suplicaba por su vida. La difusión de estos acontecimientos por los canales digitales generó una reacción en cadena en la sociedad colombiana. Las manifestaciones y protestas pacíficas se multiplicaron a lo largo y ancho de Bogotá, y se sumaron a ellas los habitantes de Soacha, pueblo vecino. No obstante, la tensión en el ambiente rápidamente se tornó volátil y lamentablemente se vio empañada por actos de violencia. Los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas policiales desembocaron en disturbios, saqueos y actos vandálicos en diversos sectores de la ciudad. En respuesta, la policía empleó gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a la multitud. En medio de este caos, se registraron trágicas pérdidas humanas, aproximadamente 14 jóvenes fallecieron en circunstancias aún por esclarecer. Las familias de las víctimas, envueltas en un manto de dolor y desesperanza, claman justicia y exigen una investigación exhaustiva que arrojare luz sobre los hechos acontecidos. La fecha del 09 de septiembre de 2020 se ha grabado de manera permanente en la memoria colectiva colombiana y ha abierto una caja de Pandora que pone de manifiesto la necesidad imperante de reflexionar sobre el uso de la fuerza policial y la urgencia de implementar reformas profundas que garanticen la protección de los derechos humanos en Colombia. El camino hacia la justicia y la transformación no será fácil, pero es imprescindible transitarlo para construir una sociedad más justa y equitativa, que asegure la no repetición y ofrezca garantías a las futuras generaciones.